Sangre, sudor y lágrimas (3ª parte)

Viene de número anterior

José Mingo

Este recorte del gasto va a deteriorar la capacidad de crear actividad e ingresos de la economía española: limitar la inversión en infraestructuras simplemente significa disminuir el negocio de las empresas que la llevan a cabo y reducir los sueldos o las pensiones es contener el consumo del que salen los ingresos de miles de pequeñas y medianas empresas.

Reducir drásticamente el gasto cuando todavía estamos padeciendo un paro elevado es muy mala idea: no sólo agrava la recesión, sino que sirve de poco para mejorar las perspectivas presupuestarias, porque el Gobierno pierde gran parte de lo que ahorra al reducir el gasto, ya que la recaudación fiscal disminuye en una economía más débil.

La ralentización de la recuperación económica asociada a la contracción presupuestaria generará todavía menores ingresos, y probablemente obligará a más recortes. Para romper este círculo vicioso es necesario plantearse reformas que refuercen la capacidad fiscal del Estado, pero repartiendo los costes de manera más justa, no castigando únicamente a asalariados y pensionistas. Deberíamos recordar aquel proverbio chino que dice que «lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar».

La crisis del capital (responsabilidad de bancos, empresas que especularon con activos financieros, empresas inmobiliarias y gobernantes neoliberales que permitieron todo ello) van a pagarla aquellos que durante los años de “bonanza” (¿para quién?) no hicieron sino ver empeorar sus condiciones: los jóvenes y su falta de acceso a la vivienda, los funcionarios y su pérdida de nivel adquisitivo, los precarios y sus sueldos basura, etc. Y de propina, el proceso permite a los culpables de la crisis robarnos el dinero público para continuar con las mismas actividades perniciosas que nos han metido en este embrollo.

En este pulso que los banqueros y la patronal están dispuestos a ganar a los trabajadores y a la sociedad en general, apoyados por e inspirados en los grandes especuladores internacionales, las medidas son sospechosa y preocupantemente similares a las que se implantaron en América Latina en los años ochenta bajo la supervisión del FMI, las cuales dieron lugar a años de profunda regresión social, la denominada “década perdida de América Latina”.

El triunfo del capitalismo en la Guerra Fría llevaba años incrementando las presiones destinadas a reducir los servicios sociales del Estado de bienestar y eliminar todos los controles públicos, de manera que, como ocurrió en Estados Unidos a partir de 1990, agentes bursátiles con talento pero sin escrúpulos se hicieron multimillonarios vendiendo a crédulos clientes derivados inmobiliarios concebidos de manera fraudulenta y con frecuencia carentes de valor, causando al final una crisis financiera mundial, en modo alguno resuelta todavía.



Años atrás, la banca privada logró imponer el criterio de que los bancos centrales no pudieran financiar a los gobiernos; era la manera de reservarse en exclusiva el gran negocio de la deuda pública y, al mismo tiempo, lograr que ésta fuera sustituida paulatinamente por la privada, mucho menos controlada y más rentable para la banca. Así, cuando los gobiernos han incurrido en déficit para hacer frente a la crisis que los provocaron bancos, resultaba que eran esos mismos bancos quienes podían financiarlos para que dispusieran de recursos suficientes. La banca privada ha estado recibiendo dinero barato de los bancos centrales (al 1%, más o menos) para que pudieran volver a financiar a las empresas y familias. Pero, en lugar de ello, los bancos están dedicando ese dinero a suscribir la deuda de los gobiernos, que se emite al 4% ó 5%, y a seguir especulando.

El dinero es deuda (1 de 8)

Curioso y contradictorio fenómeno este, en el que los gobiernos prestan (o incluso regalan) dinero a los bancos para que éstos a su vez lo presten a los ciudadanos (si a sus señorías les parece bien, claro está) o al Estado otra vez. ¿Por qué no eliminar el intermediario y que el gobierno preste el dinero a los ciudadanos directamente; es decir, por qué no nacionalizar la banca privada? Al fin y al cabo, de donde proviene ese dinero es en efecto de los mismos ciudadanos (o, por lo menos, de los pobres desgraciados que pagan sus impuestos).

Durante dos legislaturas, el “P” (antiguamente denominado “PSOE”, pero que evidentemente hace tiempo que ha dejado de ser “socialista”, “obrero” o “español”) se ha dedicado a aprobar medidas fiscales regresivas tales como la bajada del tramo más alto del IRPF, el cheque-bebé, la devolución de 400 euros, la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, la desfiscalización y rebaja de lo que tributan las rentas del capital, u otras que se hacen al margen de la renta de quien la percibe y han privado al Estado de recursos que ahora serían determinantes, mientras el mayor peso de la recaudación recaía cada vez más sobre los salarios y las rentas más bajas y menos en las clases más acomodadas.
Esta menor recaudación fiscal no hizo sino mermar las capacidades del Estado para satisfacer sus compromisos con el Estado del Bienestar, mientras el gasto público se dedicaba a apoyar a la banca privada, para salvarla de la hoguera internacional que las finanzas internacionales habían creado, y a proteger a la economía de una mayor recesión a través de las inversiones públicas en general, obteniendo como resultado un grave deterioro de las finanzas públicas y un mayor endeudamiento.

Así que ahora los inversores financieros han aprovechado la ocasión para presionar al gobierno para ajustar la economía española en la dirección que ellos pretenden. Finalmente, al igual que Grecia, España, una economía debilitada con un gobierno inoperante y una oposición ruin, rastrera, caníbal y fratricida, se ha visto obligada a ceder al chantaje de los inversores financieros y las instituciones financieras internacionales. Tras haber sido los mayores beneficiarios de la magnanimidad del gobierno en los dos últimos años, son precisamente ellos quienes ahora despotrican contra la política fiscal “irresponsable” e “insostenible” del gobierno.


Continuará….